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miércoles, 22 de noviembre de 2017

Los europeos llaman a la UE a acabar con la brecha salarial


Un clamor recorre Europa: el clamor de la igualdad de género. El último Eurobarómetro sobre el asunto muestra que los ciudadanos de los Veintiocho, pese a la persistencia de muchos estereotipos, mantienen la unanimidad en torno a la condena de la brecha salarial entre hombres y mujeres. La CE cifra la diferencia en el salario medio bruto por hora de hombres y mujeres en el desempeño de un mismo trabajo en el 16,3% 'del 14,9% en España'. Un abismo que nueve de cada diez europeos califica de 'inaceptable' y del que son conscientes en la mayoría de los casos. Además, cuatro de cada cinco consultados afirman que la igualdad de género 'les importa personalmente'.

Pero tras esas estadísticas laten opiniones aparentemente opuestas: el 44% piensa que el rol más importante de la mujer es cuidar de la casa y la familia. Y no se trata de una opinión exclusivamente masculina. Lo creen el 44% de las mujeres y el 43% de los hombres. Ese mismo porcentaje estima que el papel más importante del hombre es ganar dinero. La existencia de visiones contradictorias con el apoyo a la igualdad se extiende a otros ámbitos: solo uno de cada tres hombres aprueba que sus congéneres se declaren feministas. Y menos de la mitad de ellos ve bien que se reproche a un amigo que haga una broma machista. Las lágrimas ganan prestigio: el 88% de hombres y mujeres ve aceptable que un hombre llore.

Ante esa riada de datos y percepciones, la CE ha señalado su intención de actuar para acortar la brecha salarial. Su plan contempla tres medidas por concretar: fortalecer el principio de igualdad salarial reformando la directiva de Igualdad de Género, instar a la Eurocámara y a los Estados a que adopten la propuesta de conciliación laboral y personal, y financiar proyectos que promuevan la presencia de mujeres en cargos de dirección. 'Están infrarrepresentadas en los puestos de toma de decisiones', lamentó la comisaria de Igualdad, Vera Jourova.

Mercado Único Digital: Los negociadores de la UE acuerdan poner fin al bloqueo geográfico injustificado

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han alcanzado un acuerdo político para poner fin al bloqueo geográfico injustificado para los consumidores que deseen comprar productos o servicios en línea dentro de la UE.
Para los consumidores de la UE esto significa que podrán comprar nuevos aparatos eléctricos en línea, alquilar un coche o conseguir entradas para conciertos al otro lado de las fronteras como si  estuvieran en casa.  Gracias a ello los consumidores ya no tendrán que enfrentarse a obstáculos como la exigencia de pago con una tarjeta de débito o de crédito expedida en otro país.  Para las empresas, la nueva normativa supone más seguridad jurídica para operar a través de las fronteras. 
Andrus Ansip, vicepresidente responsable del Mercado Único Digital, ha declarado: «Hemos puesto fin a las discriminaciones injustificadas a la hora de hacer compras en línea.  Se trata de una excelente noticia para los consumidores.  Con las nuevas normas, los europeos podrán elegir a partir de qué sitio web desean comprar sin sufrir bloqueos o ser redirigidos.»

El comunicado de prensa completo está disponible en línea.

lunes, 20 de noviembre de 2017

Las empresas europeas ahorrarán cada año 590 millones de euros en aranceles gracias al acuerdo comercial entre la UE y Canadá

El Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá, CETA por sus siglas en inglés (Comprehensive Economic and Trade Agreement), beneficiará a las compañías europeas con una media de ahorro anual de 590 millones de euros. Se verán especialmente beneficiadas las pequeñas y medianas empresas, que tenían más dificultades para asumir los costes y que suponen el 91% de las exportadoras a Canadá.

Durante un acto organizado por la Comisión Europea se daba inicio a una campaña de difusión sobre las ventajas del Acuerdo. Se pretende que las empresas conozcan las oportunidades que se abren en el mercado canadiense. El acto fue el primero de este tipo, desde que el CETA fuera ratificado el pasado 27 de octubre en el Senado, convirtiendo a España en la primera de las grandes economías de la UE en finalizar el proceso de ratificación.

Los últimos datos indican que durante los ocho primeros meses de 2017, las exportaciones españolas a Canadá alcanzaron los 1.139 millones de euros y las importaciones se situaron en 1.055 millones de euros. Por tanto, el saldo comercial fue positivo para España en 84 millones.

Las exportaciones también crecieron en 2016, en concreto un 8,5% más interanual alcanzando los 1.488 millones de euros. Las importaciones fueron de 1.302 millones de euros. Lo que otorgó a España un saldo comercial positivo de 186 millones de euros.

El representante de la Comisaria Malmström resaltó que el acuerdo con Canadá facilitará la movilidad laboral, otro avance fundamental que fomentará la entrada de las pequeñas y medianas empresas, europeas y españolas, en el mercado canadiense.

Precisamente estos son algunos de los aspectos en los que se centra la nueva campaña de la Comisión Europea "Hablemos de Comercio" (#hablemosdecomercio) que quiere fomentar un debate informado sobre el comercio internacional.


La jornada tenía como objetivo representar la visión de todos los implicados en el tratado, por ello, tras la visión institucional, también se ha celebrado una mesa redonda para reflejar la visión empresarial con representantes de compañías, tanto del Ibex35 como de pymes. Se recalcaban aspectos como el comercio de bienes y servicios, inversiones y compras públicas, así como la financiación e inversiones de forma bilateral.  

domingo, 19 de noviembre de 2017

Declaración del presidente Juncker sobre la proclamación del Pilar europeo de derechos sociales

En el día de hoy, los dirigentes de la Unión Europea han proclamado solemnemente el Pilar europeo de derechos sociales en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento de Gotemburgo, Suecia. El Pilar europeo de derechos sociales fue anunciado por el presidente Juncker en su Discurso sobre el Estado de la Unión de 2015 y presentado por la Comisión en abril de 2017. Hoy ha sido firmado por el Presidente Juncker, en nombre de la Comisión Europea, el presidente Tajani, en nombre del Parlamento Europeo, y el primer ministro Ratas, en nombre del Consejo de la Unión Europea.
Con este motivo, el presidente Juncker ha declarado:
«Este es un momento histórico para Europa. Nuestra Unión siempre ha girado en torno a un proyecto social. No es solo un mercado único, ni es solo dinero, ni es solo el euro. Se trata de nuestros valores y de cómo queremos vivir.
El modelo social europeo ha sido un éxito y ha convertido a Europa en un lugar de primer orden para vivir y trabajar. Hoy afirmamos nuestros valores comunes y nos comprometemos con 20 principios y derechos. Desde el derecho a salarios justos hasta el derecho a la asistencia sanitaria; desde el aprendizaje permanente, la conciliación de vida privada y profesional y la igualdad de género hasta los ingresos mínimos: con el Pilar europeo de derechos sociales, la UE defiende los derechos de sus ciudadanos en un mundo en rápida transformación.
La proclamación del Pilar en la Cumbre Social de Gotemburgo llega en un momento clave para enraizar una fuerte dimensión social en el futuro de la Unión Europea. El momento fue elegido con toda intención, haciendo de la dimensión social de Europa el primer hito en nuestro camino hacia Sibiu.
En una época de profundos cambios -tanto en la vida como en la política- lo más natural es volver a lo que te define y a lo que te mantiene en pie. Por tanto, celebro que hayamos podido ponernos de acuerdo todos sobre el Pilar europeo de derechos sociales en menos de seis meses desde que fuera propuesto por la Comisión Europea. Este compromiso compartido es una demostración clara de la unidad europea.

El Pilar europeo de derechos sociales, y la dimensión social de Europa en su conjunto, solo serán lo fuertes que les dejemos serlo. Es una responsabilidad conjunta, que empieza a nivel nacional, regional y local, con un papel fundamental de los interlocutores sociales y de la sociedad civil. Por lo tanto, al tiempo que respetamos y aceptamos plenamente los diferentes enfoques que existen en Europa, ahora todos tenemos que convertir los compromisos en acciones. Los europeos no se merecen menos.

martes, 14 de noviembre de 2017

España es el segundo país de la OCDE con mayor esperanza de vida


España es el segundo país de la OCDE con mayor esperanza de vida. De media, los españoles viven 83 años. Solo son superados 'en este grupo de los 35 países más desarrollados del mundo' por Japón, cuyos habitantes alcanzan un promedio de vida de 83,9 años. Este salto se ha producido en las últimas décadas: en 1970, la población española no superaba los 70 años de media. La larga esperanza de vida, junto a la bajísima natalidad '1,3 hijos por mujer', convierten también a España en uno de los países de la OCDE con peor proyección en cuanto al envejecimiento de la población: en 2050 casi un 40% de los españoles superará los 65 años de edad. Con una media de 83 años, España es el segundo país con mayor esperanza de vida al nacer entre los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según su último informe, publicado ayer. Este valor es casi tres años superior a la media de los 35 países miembros de la Organización, que se sitúa en 80,6 años. Solo Japón, donde el indicador alcanza los 83,9 años, supera la marca española. En gasto sanitario, España está por debajo de la marca del conjunto de países.

Desde 1970 hasta 2015, la esperanza de vida en España ha mejorado en más de diez años, desde los 70 hasta sobrepasar los 80. Por sexos, las mujeres viven hasta cinco años más que los hombres, y superan los 85 años de media, al igual que en Japón, Francia, Corea del Sur y Suiza.

España también ocupa los primeros puestos en esperanza de vida a partir de los 65 años. El informe refleja que, tras alcanzar esta edad, los españoles viven de media 21 años más, lo que les sitúa en la tercera posición de la tabla por detrás de
Japón y Francia. Sin embargo, tal y como advierte el estudio, este indicador no significa que estos años se vivan en condiciones de salud óptimas. De hecho, cuando se tiene en cuenta esta variable, la esperanza de vida a partir de los 65 cae hasta los 9,2 años, por debajo de la media de la OCDE (9,4años).

Las altas tasas de esperanza de vida en combinación con las bajas tasas de fertilidad '1,3 hijos por mujer, una de las diez más bajas del mundo, según datos del Banco Mundial' convierte a España en uno de los países con peor proyección en cuanto a envejecimiento de la población. En 2050, según los cálculos que refleja el documento, casi un 40% de la población española tendrá más de 65 años. Una proporción solo superada, de nuevo, por Japón.

El cáncer y las enfermedades del sistema circulatorio son las principales causas de mortalidad en España, con 192 y 185 muertes por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Estas cifras lo convierten en uno de los 15 países con menos fallecimientos por este tipo de dolencias. Pese a la Ley Antitabaco de 2006 'que prohíbe fumar, entre otros sitios, en dependencias públicas y lugares de trabajo' España es también uno de los diez países con mayor porcentaje de fumadores diarios, más de un 20% de la población. En el entorno europeo, solo Letonia, Hungría y Grecia superan esta proporción.

En cuanto a otros hábitos de vida analizados por la OCDE, más positivos son los datos sobre el consumo de alcohol. Los españoles superan la media de litros de alcohol por persona consumidos en un año (nueve litros para el conjunto de países), pero esta cantidad se ha reducido en los últimos años. Entre 2000 y 2015, la ingesta anual disminuyó en casi dos litros, de alrededor de 11 a 9,3, según los datos sobre hábitos de consumo recogidos en el documento. De hecho, el porcentaje de población que abusa del alcohol de manera regular no llega al 10%, lo que le convierte en el segundo país con menor consumo excesivo de bebidas etílicas solo por detrás de Hungría.

En relación a otro de los principales factores de riesgo para la salud, la obesidad, España 'con un 17%' está muy por debajo de países como Estados Unidos y México, a la cabeza de la clasificación con un 38% y un 33% de la población en esta situación. No obstante, los españoles están a la cola en la práctica de ejercicio. Apenas el 47% de los mayores de 15 años realizan una actividad física moderada a diario, el peor porcentaje de toda Europa.

El informe analiza de manera pormenorizada otros aspectos relacionados con la salud y la atención sanitaria en los 35 países de la Organización.

Entre ellos, destaca el personal sanitario per cápita. En España, hay 3,9 médicos por cada 1.000 habitantes, cinco décimas por encima del valor común (3,4). Sin embargo, la sanidad española suspende en número de enfermeros: hay 5,3 por cada 1.000 habitantes, frente a los 9 de media del organismo. La falta de estos profesionales hace que el ratio de enfermeros por doctor sea el octavo más bajo de todos los estados.

Las cifras anteriores contrastan con las del sector farmacéutico. Desde el año 2000, el número de trabajadores en España con esta formación ha pasado de alrededor de 70 farmacéuticos por cada 100.000 personas a 119. Tan solo Japón y Bélgica superan esta proporción.

En lo que respecta al consumo de medicamentos, España no solo no escapa a la tendencia del resto de países, sino que la supera. De media, la dosis diaria de antidepresivos por cada 1.000 habitantes en 29 países se ha duplicado en 15 años. En el caso español, esta cifra ha pasado de casi 30 a 73.

Sobre el acceso a la sanidad, el 99,8% de los españoles están cubiertos por la sanidad pública, un porcentaje dos puntos por encima de la media de la OCDE (97,9).

viernes, 10 de noviembre de 2017

La UE no consigue renovar la licencia del herbicida glifosato


La UE ha fracasado en el intento de cerrar un acuerdo para renovar por cinco años la licencia del herbicida glifosato, una propuesta que no ha logrado el respaldo necesario para salir adelante. La reunión del comité permanente sobre Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, formado por expertos nacionales y presidido por la CE, no ha tenido mayoría cualificada para secundar la medida de manera que se obliga a retrasar de nuevo la decisión, a poco más de un mes de que expire su autorización, el próximo 15 de diciembre.

El glifosato se utiliza en Roundup, un herbicida de la multinacional Monsanto de amplio espectro que se emplea para la eliminación de hierbas, y que podría representar un riesgo para el bienestar de las personas por su probable impacto cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud).  Una conclusión compartida por  la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), pero de la que discrepan la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que descartan esa relación causa-efecto.

Para que la prolongación de la licencia prospere es necesario el apoyo del 55 % de los países, que representen el 65 % de la población. Sin embargo, solo han votado a favor de la renovación por 5 años 14 países: España, Dinamarca, la República Checa, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Hungría, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

En contra se han pronunciado Bélgica, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta y Austria, mientras que Alemania, Bulgaria, Polonia, Portugal y Rumanía se han abstenido.

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Londres mejora su oferta sobre derechos de los ciudadanos



El Gobierno británico ha enviado a Bruselas la enésima oferta mejorada sobre los derechos de los ciudadanos directamente afectados por el Brexit (los 3,2 millones de europeos en Reino Unido y los 1,3 millones de británicos en suelo comunitario). Londres refuerza las garantías de que todo aquel ciudadano europeo que solicite quedarse tras el Brexit verá aprobada su demanda, con derecho a presentar recurso si es rechazada, según informó ayer el Ejecutivo británico en un comunicado. 'Hemos dejado claro que salvaguardar los derechos de los ciudadanos de la UE es nuestra gran prioridad en las negociaciones', señaló el ministro británico para el Brexit, David Davis. Londres promete que la solicitud no será más cara que un pasaporte británico.

Pese a la enorme voluntad mostrada por ambas partes, el hecho de que ni siquiera este aspecto de la negociación 'el más sencillo de pactar' esté finiquitado tras casi cinco meses de contactos revela la complejidad del proceso. Tanto Londres como Bruselas tienen interés mutuo en que este colectivo de ciudadanos permanezca donde está ahora, pero son incapaces de encontrar un encaje que garantice su estatus. Más allá de otros flecos pendientes, el principal problema sigue siendo el papel del Tribunal de Justicia de la UE. El negociador europeo, Michel Barnier, insiste en que este órgano garantice para siempre los derechos de los ciudadanos afectados por el Brexit, mientras Davis se resiste a aceptar la autoridad de esta instancia judicial una vez Reino Unido quede fuera de la UE.

Ese ajuste de derechos de los ciudadanos será uno de los asuntos de la sexta ronda negociadora del Brexit, que comienza mañana en Bruselas, con solo dos días de duración. Se trata de la más breve de las mantenidas hasta ahora. Pese a todos los obstáculos, el capítulo de ciudadanía es el único que registra avances. Los otros dos apartados que conforman la fase del divorcio van mucho más retrasados. El primero es la frontera entre Irlanda del Norte, territorio británico, y la vecina República de Irlanda. Los negociadores buscan 'soluciones imaginativas' para evitar barreras físicas que retrotraigan a épocas pasadas, pero Bruselas admite la dificultad de alcanzar esa meta.

El segundo capítulo, aún menos desarrollado, es el ajuste de cuentas que se le exige a Reino Unido antes de abandonar la UE. Bruselas ha advertido reiteradamente de que la falta de propuestas en este terreno está empantanando la negociación. Pese a todo, Londres se resiste a asumir unos compromisos financieros muy polémicos para su opinión pública, que asumió que el Brexit solo les reportaría ventajas económicas.

martes, 7 de noviembre de 2017

La Cumbre del Clima de Bonn reclama acciones urgentes


La Cumbre del Clima arranca en Bonn marcada por las catástrofes naturales y con la certeza de que impedir el aumento de los gases de efecto invernadero no basta

La Cumbre del Clima, que anualmente se celebra bajo el paraguas de la ONU, arrancó ayer en Bonn (Alemania). Durante dos semanas, hasta el 17 de noviembre, los representantes de casi 200 países negociaran la letra pequeña para desarrollar el Acuerdo de París, que se firmó en 2015 en la ciudad francesa y que se empezará a aplicar a partir de 2020.

Los eventos climáticos extremos 'esos huracanes, inundaciones y olas de calor que los estudios científicos relacionan en parte con el cambio climático' estuvieron muy presentes en la jornada inaugural. 'Con el incremento del número de eventos climáticos extremos, ahora tenemos una increíble sensación de urgencia para hacer frente al cambio climático', resaltó la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa. El comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, también se refirió ayer a través de un comunicado a esa 'urgencia' por actuar ante unos 'eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos'.

El Acuerdo de París, básicamente, busca que todos los firmantes recorten sus emisiones de gases de efecto invernadero para lograr que al final de siglo el incremento medio de la temperatura se quede por debajo de los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Y a ser posible dejarlo en 1,5.

Pero la Organización Meteorológica Mundial alertó ayer del incremento sostenido de las temperaturas. Cuando finalice 2017 estará, según esta organización, entre los tres años más calurosos jamás observados desde que existen registros fiables. Los otros dos son 2015 y 2016. Y la media del quinquenio comprendido entre 2013 y 2017 es ya aproximadamente un grado más cálida que la de los niveles preindustriales.

Las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales dan señales de haber tocado techo. En 2016, por tercer año consecutivo, el CO2 'el principal de estos gases' que la economía mundial expulsó permaneció estancado. Un reciente informe del Centro Común de Investigación (JRC, sus siglas en inglés) de la Comisión Europea cifraba en 35,8 gigatoneladas las emisiones de CO2 generadas por el hombre en 2016. Supone respecto a 2015 un 0,3% más, que JRC achaca a que el año pasado fue bisiesto, con lo que contó con un día extra.

Ese estancamiento de las emisiones de CO2 se puede entender como una buena noticia, ya que nunca antes en las últimas décadas se había producido en un periodo que no fuera de crisis. Pero ya no basta con estancar, sino que se tienen que producir recortes importantes. La misma Organización Meteorológica Mundial alertaba hace unos días de que nunca habían registrado un nivel tan alto de CO2 acumulado en la atmósfera 'que retiene el calor del planeta' como el de 2016. Y, previsiblemente, el de este año será un dato aún mayor.

Todos países incluidos en el Acuerdo de París '168 Estados ya lo han ratificado' han presentado planes de recortes de emisiones. Pero el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente volvió a advertir la semana pasada de que no son suficientes y que llevarán a un aumento a final de siglo de tres grados.

El Acuerdo de París contiene mecanismos de revisión al alza de las reducciones de las emisiones cada cinco años. Pero, antes de llegar a ese punto 'la primera revisión está prevista en 2023' los negociadores tienen que ponerse de acuerdo sobre los reglamentos que ayuden a desarrollar el Acuerdo de París, que tendrán que estar listos en 2018.

Sobre esos reglamentos se discutirá en Bonn. Y se hará con la duda sobre el papel que va a jugar EE UU. Su presidente, Donald Trump, ha anunciado la retirada del acuerdo, una decisión que ha dejado a su país aislado. Pero la salida no se hará efectiva hasta 2020 'como establece el propio pacto' y eso implica que EE UU participe en la cumbre. El temor es que la Administración de Trump pueda entorpecer unas negociaciones que desde hace dos décadas avanzan a paso de tortuga.

lunes, 6 de noviembre de 2017

Los países de la UE, divididos por el glifosato


La Unión Europea tiene la palabra sobre la continuidad del glifosato, pero no hay unanimidad y el plazo de decisión se acaba.

¿Cuándo finaliza la licencia en la UE? La fecha del vencimiento es el 15 de diciembre, si no se renovara una prórroga, el glifosato tendría que ser retirado del mercado en toda la Unión Europea.¿Qué votó el Parlamento europeo?
Los eurodiputados aprobaron a finales de octubre una resolución en la que se pedía la eliminación de este herbicida en un plazo de cinco años. Pero la decisión no es vinculante. La Comisión Europea será la encargada de dar vía libre al glifosato hasta el 2022 o cerrarle sus puertas, decisión que debatirá este mismo jueves.

¿Por qué aplazó la decisión la Comisión? Porque en la reunión celebrada para afrontar este asunto quedó patente que no hay acuerdo entre los países. Se posicionaron a favor del veto España, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, los Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y el Reino Unido. Apoyaron la prohibición Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Eslovenia y Suecia. Y se abstuvieron Portugal y Alemania. En el 2016, la Comisión Europea había propuesto ampliar la autorización del glifosato durante 15 años más, pero finalmente desistió debido al rechazo que generó la iniciativa entre la opinión pública. Tendrá que haber una decisión antes de que acabe este año.

¿Algún país plantea medidas unilaterales? El Gobierno francés anunció el pasado septiembre que prohibirá el glifosato independientemente de la resolución de la Unión Europea. El portavoz del Ejecutivo galo, Christophe Castaner, aseguró que antes de que finalice el mandato del presidente Emmanuel Macron, en el 2022, ese herbicida estará prohibido en todos sus usos. Agricultores franceses criticaron la medida y anunciaron que se opondrán.

¿Qué dicen las autoridades sanitarias? La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, un organismo que depende de la ONU, clasificó el glifosato como un «carcinógeno probable» en el 2015. California lo incluyó este mismo año en su lista de productos cancerígenos. Estos son los argumentos que usan organizaciones ecologistas como Greenpeace para impulsar campañas contra su utilización. Pero también hay investigadores científicos que cuestionan estas conclusiones. Otro panel de expertos de la OMS y la FAO publicó el informe Joint Meeting Pesticide Residues, un estudio que indica que es poco probable que este herbicida pueda provocar cáncer.

Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2018

El pasado 24 de octubre de 2017, la Comisión Europea presentó en Estrasburgo el Programa de trabajo para el año 2018, en el que se establece una Agenda  por una Europa más unida, más fuerte y más democrática.
Cada año, la Comisión Europea aprueba un Programa de trabajo en el que se establece la lista de actuaciones que emprenderá el año siguiente, con el objetivo de informar al público y a los colegisladores sobre los compromisos políticos en relación con la presentación de nuevas iniciativas, la retirada de propuestas pendientes y la revisión de la legislación vigente de la Unión Europea. La preparación por parte de la Comisión del Programa de trabajo de 2018 se ha visto enriquecida por las consultas con el Parlamento Europeo y el Consejo en el contexto del nuevo Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación y el Acuerdo Marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, así como sobre la base de la Declaración de Intenciones remitida por el Presidente Juncker y el Vicepresidente Primero Timmermans, el pasado 13 de septiembre, tras el Discurso del Presidente sobre el Estado de la Unión Europea.
El enfoque del Programa de trabajo para 2018 es doble. De un lado, establece un número limitado de acciones legislativas específicas para completar el trabajo de la Comisión en una serie de áreas políticas prioritarias en los próximos meses: nuevo impulso para empleos, crecimiento e inversión; mercado único digital conectado; una Unión de la Energía resiliente con una política de cambio climático con visión de futuro; un Mercado Interior más profundo y más justo con una base industrial fortalecida; una política comercial equilibrada y progresiva para aprovechar la globalización; un área de Justicia y Derechos Fundamentales basada en la confianza mutua; una nueva política de migración; la UE como actor global más fuerte; y una Unión de cambio democrático. La Comisión presentará todas las propuestas legislativas a más tardar en mayo 2018, lo que permitirá que Parlamento Europeo y el Consejo tengan tiempo y espacio para completar el trabajo legislativo antes de las elecciones europeas, el próximo junio de 2019.
De otro lado, el Programa de trabajo también presenta un total de diez iniciativas con mayor perspectiva de futuro, dado que “al completar nuestra agenda de hoy, debemos preparar la Unión del mañana”. Esto es, a la vez que el Programa hace referencia a las acciones que se van a llevar a cabo durante los próximos catorce meses, también propone una serie de iniciativas que miran hacia el 2025 y más allá. Y ello, teniendo en cuenta que una nueva Europa de 27 Estados miembros surgirá el 30 de marzo de 2019, con la salida de Reino Unido y que, sólo unas semanas más tarde, en junio de 2019, los europeos acudirán a las urnas. Así, prevé acciones específicas respecto a tres planos concretos: una Unión más unida, más fuerte y más democrática.

Durante el último año, la Comisión ha reforzado significativamente sus esfuerzos para involucrarse activamente con la sociedad civil, en aras a mejorar tanto la legitimidad como la calidad de su trabajo y con el propósito de actuar sólo donde se necesita y se agrega valor. Así pues, propone finalmente alcanzar “Mejores resultados sobre el terreno: Una mejor regulación, implementación y ejecución”. Vid. Hoja de Ruta para una Unión más unida, más fuerte y más democrática.
 

jueves, 2 de noviembre de 2017

Piden medidas a favor de los derechos humanos en fronteras de Ceuta y Melilla


La organización no gubernamental Andalucía Acoge ha reclamado medidas en favor de los derechos humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla justo cuando hoy se cumplen 29 años desde la aparición del primer cadáver identificado como una persona inmigrante.

La organización ha recordado en un comunicado que después de casi tres décadas, la tragedia continúa y, según los últimos datos de Salvamento Marítimo, las víctimas mortales de la Frontera Sur de los nueve primeros meses de este año ya triplican a las de todo el pasado año. 
Desde Andalucía Acoge alertan "de forma continua del aumento de muertes en la frontera sur y denuncia que es urgente dejar de lado las excusas y trabajar, sin más demora, sobre vías legales y seguras para que las personas puedan migrar sin peligro".

La última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por las devoluciones en caliente "deja claro que España no está actuando acorde a la legislación internacional en su Frontera Sur ya que la ilegalidad de esta práctica ha sido denunciada en repetidas ocasiones por tratarse de una gravísima vulneración de los derechos fundamentales". Andalucía Acoge asegura que al mismo tiempo, las miles de muertes en el Mediterráneo están relacionadas con la gestión de los naufragios en aguas internacionales que se hace por Italia y España, en colaboración con la agencia FRONTEX de la UE.

En un reciente informe, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alerta de que, en lo que va de año, han muerto 147 personas intentando llegar a España a través de la ruta del Mediterráneo occidental. Estas cifras son estimaciones mínimas puesto que, tal y como se evidencia en este informe, "es difícil obtener y verificar la información sobre muertes de personas migrantes en esta ruta y por cada persona que se ha comprobado su fallecimiento, hay otras dos de las que nunca se supo nada".

Así pues, "es urgente reflexionar sobre cómo se están gestionando las políticas migratorias y cómo las políticas de cierre de fronteras solo provocan que miles de personas se vean obligadas a recurrir a vías más peligrosas y mortales". Andalucía Acoge añade que la actual gestión de fronteras "condena a las personas a la clandestinidad, las empuja a jugarse la vida en su proceso migratorio y las despoja de sus derechos fundamentales". La organización exige que la frontera sur "deje de ser un lugar de vulneración de derechos y se constituya como un espacio donde se favorezcan vías seguras, legales y respetuosas con los derechos humanos para el imprescindible y necesario tránsito de personas migrantes a Europa".

Andalucía Acoge dice que seguirá denunciando las "vulneraciones de derechos humanos que se producen, con demasiada frecuencia, en las zonas fronterizas de Andalucía, Ceuta y Melilla".

El nuevo plan de integración de la población gitana incluye a rumanos y búlgaros

El nuevo Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad gitana de Andalucía afecta por primera vez desde su puesta en marcha en 1997 a rumanos y búlgaros de esta etnia, informó ayer la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María Jesús Sánchez Rubio. El plan aprobado en el Consejo de Gobierno con vista a 2020 contará con un presupuesto de 232,1 millones de euros, parte procedente de fondos europeos.



María José Sánchez Rubio destacó como novedades programas para la igualdad, la lucha contra la violencia de género y mejoras en el comercio ambulante. Siguen como siempre los programas específicos de educación encaminados a luchar contra el fracaso escolar, con especial hincapié ahora en la llegada a la universidad de los jóvenes de etnia gitana; los de vivienda (que se llevan gran parte del presupuesto, 140 millones de euros), salud y cultura. En total son 119 medidas que prestarán especial atención a la población en riesgo de exclusión y a 93 zonas urbanas desfavorecidas, remarcó la consejera.

España no censa a sus habitantes por etnias, por lo que no se conoce con exactitud el número de personas gitanas en nuestro país. Aún así, por diversos estudios se calculan que pertenecen a ella unos 750.000 españoles, 300.000 de los cuales viven en Andalucía. La consejera ha explicado que las medidas de este plan van dirigidas a entre 95.000 y 100.000 personas. El número de beneficiados es mayor al del anterior plan debido a que la Junta ha ampliado las zonas desfavorecidas en parte por la repercusión de la crisis en algunas.

Las dificultades para conocer cuántos gitanos rumanos y búlgaros es aún mayor. No se conoce cuánta población hay procedente de estos países, considerando además que al ser miembros de la Unión Europea tienen derecho a la libre circulación.

La Junta de Andalucía incluye en el plan medidas para promover la integración de esta población en cuyos países de origen, Bulgaria y Rumanía ,sufre un "apartheid" brutal, y en España presenta grandes riesgos de exclusión.

El plan promueve un especial seguimiento a escala municipal para la regularización de la documentación de los menores, además de reforzar las políticas de escolarización, enseñanza del idioma español y máximo acceso al sistema de salud y servicios sociales

María José Sánchez Rubio explicó que el plan ha sido elaborado con la participación de las entidades más representativas de la comunidad gitana y incluye la creación de un órgano consultivo. De la inversión total prevista, las principales dotaciones procederán de las consejerías de Fomento y Vivienda (140 millones de euros), Igualdad y Políticas Sociales (58,1 millones) y Educación (28,2 millones).

Programa de trabajo H2020 para el período 2018-20

El pasado 27 de octubre la Comisión Europea presentó el Programa de Trabajo final para Horizonte 2020, que cubrirá el período presupuestario comprendido entre 2018 y 2020 y supondrá una inversión de 30.000 millones de euros
El Programa de trabajo 2018-2020 se basa en el éxito de Horizonte 2020 hasta la fecha y tiene en cuenta la extensa evaluación intermedia del programa así como las diez prioridades políticas de la Comisión Europea para 2015-2019.
Entre las novedades, cabe destacar la introducción de medidas para apoyar la creación de un mercado de innovación, a través de la puesta en marcha de la primera fase de un Consejo Europeo de Innovación (EIC), que contará con un presupuesto de 2.700 millones de euros y ayudará a las empresas y empresarios innovadores a ampliar sus negocios rápidamente a nivel europeo y mundial, y a Europa a capturar ideas innovadoras con potencial para fortalecer la base industrial.
El Programa de trabajo tiene como objetivo abordar las prioridades políticas de la Comisión mediante la definición de acciones específicas de investigación e innovación que puedan tener un impacto significativo. Así, se han diseñado una serie de "áreas de enfoque", dotadas de un presupuesto sustancial, en torno a cuatro prioridades políticas: un futuro resiliente al clima y bajo en carbono; economía circular; digitalización y transformación la industria y los servicios europeos; y unión de seguridad.

El último eje a destacar del nuevo Programa consiste en el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de investigación e innovación. La cooperación es necesaria para garantizar el liderazgo científico y la competitividad industrial de la UE, de forma que si la UE colabora a escala internacional podrá alcanzar mejor los compromisos globales en línea con sus políticas externas. El Programa de trabajo incluye alrededor de 30 iniciativas emblemáticas sobre temas dedicados a la cooperación internacional en áreas de beneficio mutuo, que comprenden un presupuesto total de más de 1.000 millones de euros (ej. Canadá para la medicina personalizada, India en lo que respecta a los retos del agua ó África en materia de  alimentación, seguridad nutricional, agricultura y energías renovables).

lunes, 30 de octubre de 2017

Refuerzo de los controles en las fronteras europeas

La UE implantará un sistema electrónico común para acelerar los controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen y verificar los datos de todos los viajeros de terceros países.

El Parlamento Europeo dio el pasado miércoles su visto bueno al nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES), que registrará información sobre viajeros de terceros países, incluido el nombre, documento de viaje, huellas dactilares, imagen facial, fecha y lugar de entrada, salida o denegación de acceso al espacio Schengen.
La normativa se aplicará a aquellos que crucen los pasos fronterizos del espacio, tanto a los que requieran visado como a los exentos de esta obligación para estancias corta, de hasta 90 días. El SES facilitará comprobar si se ha respetado la duración máxima de la estancia (máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días).
El sistema reemplazará el sellado manual de los pasaportes, acelerando los trámites fronterizos, y facilitará la detección de aquellas personas que han sobrepasado el período de estancia autorizado, así como los documentos falsos y la suplantación de identidad.

La proposición de un sistema de entradas y salidas (SES) forma parte del paquete de propuestas sobre fronteras inteligentes presentado por la Comisión Europea en abril de 2016. El coste del SES se ha estimado en 480 millones de euros.

jueves, 26 de octubre de 2017

Horizonte 2020: premio de 2 millones de euros para mejorar la movilidad de las personas mayores

El programa Horizonte organiza un concurso en materia de innovación social para combatir la exclusión social y garantizar una vida autónoma a las personas de la tercera edad.
La población europea está envejeciendo rápidamente y según las estimaciones actuales la proporción de personas mayores de 65 años aumentarán del 17,5% al 29,5% en 2060 dentro de la UE, existiendo por tanto una necesidad de reconsiderar los sistemas de movilidad existentes para este colectivo.
Es en este contexto que el programa Horizonte 2020 ha decidido lanzar un concurso de cara a desarrollar soluciones de movilidad innovadoras y sostenibles para las personas mayores, combatiendo así la exclusión social y apoyándolas a desempeñar una vida autónoma e independiente. El premio será lanzado oficialmente durante la conferencia "Apertura a una era de innovación social", que tendrá lugar en Lisboa del 27 al 28 de noviembre de 2017. Por su parte, las solicitudes de participación serán  aceptadas hasta febrero de 2019 (se especificará la fecha límite exacta) y el premio se otorgará en 2019.
El trabajo y el progreso realizado por los participantes serán evaluados por un jurado durante un período de implementación de al menos 5 meses. Los solicitantes también deberán demostrar que su solución se puede ampliar y replicar en contextos similares o incluso diferentes. El premio o premios de 2 millones de euros se otorgarán, una vez cerrado el concurso, a los solicitantes que, en opinión del jurado, demuestren haber encontrado la solución que mejor responde a los criterios de adjudicación.
Más información aquí sobre el Premio Horizon y las Reglas de Concurso.

lunes, 23 de octubre de 2017

El dilema del BCE


Esta semana la atención estará centrada en la reunión del Banco Central Europeo. El mercado espera que Mario Draghi mantenga los tipos de interés del euro en sus mínimos históricos. No cabe ninguna duda de que los inversores estarán especialmente atentos a la situación del programa de compra de activos del BCE. Hay mucha expectación, ya que el programa de compra de 60.000 millones de euros mensuales llegará a su fin en diciembre y el mercado necesita conocer con cierta antelación el rumbo de la política monetaria.

Hasta el momento, el BCE, consciente de las implicaciones que tendrá el anuncio de retiradas de estímulos después de haber estado recomprando activos por valor de 1,9 billones de euros durante los últimos años, ha podido controlar la situación.

A pesar de que la economía europea ha comenzado a recuperarse y ya crece por encima del 2%, los precios no terminan de repuntar. En los últimos meses, la tasa de inflación ha venido disminuyendo hasta situarse en el 1,5% y la salud de la economía dista mucho de haberse normalizado. La táctica ha sido retrasar la retirada de estímulos a medida que el euro ganaba terreno. Desde febrero el euro se ha apreciado un 14%, lo que ha supuesto dificultades para muchas compañías. Además, es importante destacar la relevancia de las exportaciones para la economía europea. Si tomamos como referencia el índice Eurostoxx 50, sólo el 40% de los beneficios de las compañías industriales y de consumo se generan en euros. Dicho en otras palabras, cada 10% de apreciación de la moneda única contra la cesta de monedas de referencia implica una disminución de beneficios de casi el 7% para estas compañías.

El euro se ha apreciado a un ritmo demasiado rápido y ha empezado a descontar unas subidas de tipos en Europa que, como muy pronto, vendrán a finales de 2018, pero sobre todo ha ignorado el diferencial de tipos de interés a corto plazo que mantiene con economías como la americana, que se sitúa en niveles del 1,25%.

En cualquier caso, el papel del BCE no es fácil porque el euro ya se ha apreciado y, si reduce demasiado rápido el nivel de compras, podría apreciarse todavía más y nos encontraríamos ante un escenario de euro fuerte penalizando a los beneficios empresariales y una baja inflación.

El mercado apuesta por una prolongación en la compra de activos por nueve meses más con una disminución gradual: 40.000 millones a partir de enero y unos 25.000 millones a partir de finales del segundo trimestre. ¿Volverá Draghi a demorar el anuncio una vez más? Sólo le quedan dos ocasiones y retrasarlo hasta la reunión de diciembre induciría a pensar que hay poca planificación. El tiempo se acaba.

viernes, 20 de octubre de 2017

PAC: Aprobado el Reglamento Omnibus

El Reglamento Omnibus tiene como objetivo simplificar la PAC gracias a una serie de mejoras técnicas aplicadas a las cuatro categorías de esta política.
El pasado 16 de octubre de 2017, los Estados miembros representados en el Comité Especial de Agricultura dieron luz verde al acuerdo sobre la llamada regulación Omnibus. La aprobación de dicho reglamento implica la modificación del reglamento financiero por el cual se rige la ejecución del presupuesto de la UE, así como quince actos legislativos sectoriales.
Las normas acordadas por Omnibus simplificarán la Política Agrícola Común a través de una serie de mejoras técnicas a las cuatro áreas de la misma: pagos directos, organización común del mercado, desarrollo rural,  y regulación horizontal.
En cuanto a las modificaciones de los pagos directos, destaca, entre otras, la distinción entre agricultores activos y no activos, que se convierte en opcional, o la modificación de los pastizales permanentes, que pretende brindar a los Estados la posibilidad de revisar sus decisiones sobre los pagos directos anualmente.
En cuanto a la organización común del mercado, se modifica, entre otras cosas, el valor compartido, extendiéndose la posibilidad de negociar colectivamente términos de intercambio de valores en los contratos a sectores distintos al azúcar y con carácter voluntario; además se prevé una simplificación y mejora técnica en los programas operativos de frutas y hortalizas, el vino y las cuotas de importación.
Por último, respecto al desarrollo rural, sufrirá una modificación la herramienta de estabilización de ingresos así como algunas reglas que deben respetar los instrumentos financieros para promover su uso y armonizarlos con otros Fondos Estructurales y de Inversión de la UE.

En cuanto a la regularización horizontal destaca la no eliminación de la regla 50/50, que consiste en repartir los pagos irregulares no recuperables. Sin embargo, en cuanto a la disciplina financiera (el procedimiento que garantiza que la PAC no supera los límites especificados en el presupuesto de la UE)  se ha simplificado y será administrado únicamente por la Comisión

jueves, 19 de octubre de 2017

La Comisión presenta nuevas medidas para proteger mejor a los ciudadanos de la UE

Tal como ya había anunciado Juncker,  ayer se presentaron una serie de medidas para defender mejor a los ciudadanos de la UE contra las amenazas terroristas y conseguir una Europa que proteja a sus ciudadanos.
Las medidas tienen por objeto abordar los puntos débiles puestos de manifiesto por los recientes atentados, prestar apoyo a los Estados miembros en la protección de los espacios públicos y contribuir a privar a los terroristas de los medios para actuar. Además, la Comisión propone reforzar la acción exterior de la UE en materia de lucha contra el terrorismo, en particular a través de Europol, y recomienda que la UE entable negociaciones con vistas a un acuerdo revisado sobre registro de nombres de los pasajeros con Canadá.
Teniendo en cuenta que los terroristas atentan cada vez más en los espacios públicos y muy concurridos, como lo demuestran los recientes atentados en Barcelona, Estocolmo, Londres y Manchester, la Comisión presentó ayer  un plan de acción para intensificar el apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros por proteger los espacios públicos y reducir su vulnerabilidad. Estas medidas incluyen:
·         Mayor ayuda financiera: La Comisión destina 18,5 millones de euros con cargo al Fondo de Seguridad Interior a apoyar proyectos transnacionales encaminados a mejorar la protección de los espacios públicos.
  • Documentación orientativa: A lo largo del año que viene, la Comisión publicará nuevas orientaciones para ayudar a los Estados miembros a abordar una amplia gama de aspectos relacionados con la protección de los espacios públicos y a aumentar la concienciación de la población.
  • Intercambio de mejores prácticas: La Comisión creará un foro de profesionales y establecerá una red de seguridad de alto riesgo como plataforma de formación común y ejercicios conjuntos con el fin de mejorar la preparación ante atentados.
  • Mejora de la colaboración entre los interlocutores locales y el sector privado: La Comisión creará un foro de operadores para fomentar las asociaciones entre el sector público y el privado en materia de seguridad y colaborar con operadores privados tales como centros comerciales, organizadores de conciertos, recintos deportivos y empresas de alquiler de automóviles.

Aunque la probabilidad de este tipo de atentados es baja, la Comisión también propone hoy un plan de acción para intensificar, a escala de la UE, la preparación, la resiliencia y la coordinación frente a los atentados con sustancias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN). Las medidas propuestas en la actualidad incluyen la creación de una red de seguridad QBRN de la UE y de un centro de recopilación de conocimientos en esta materia que se establecerá en el seno del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (ECTC) de Europol.

martes, 17 de octubre de 2017

La Agenda Urbana: nueva convocatoria de proyectos por un valor de 50 millones de euros para ayudar a las ciudades a enfrentarse a los retos urbanos

La CE ha publicado una segunda convocatoria de proyectos por un valor de 50 millones de euros en el marco de la iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras. Las ciudades pueden solicitar y recibir directamente financiación de la UE para proyectos urbanos innovadores.
En Viena se ha creado una ventanilla única de servicios públicos para acompañar a los migrantes en su itinerario de integración en la ciudad. En Madrid se han creado cuatro centros en barrios con elevadas tasas de desempleo con vistas a la creación de puestos de trabajo en los sectores de la energía, la movilidad, el reciclaje y la alimentación, a la vez que se promueve la economía solidaria.
Estos son dos de los dieciocho proyectos ganadores de la primera convocatoria de Acciones Urbanas Innovadoras publicada el año pasado. La Comisión pone en marcha hoy una segunda convocatoria para premiar a los proyectos más innovadores presentados por las propias ciudades.
La comisaria europea de Política Regional, Corina Crețu, ha declarado: «Con esta iniciativa, estamos ofreciendo a las ciudades los medios para convertir sus ideas en prácticas concretas que, a continuación, podemos compartir a nivel de la UE. Y esto es así porque sabemos que las soluciones a los retos más acuciantes, como el desempleo, la exclusión social o el cambio climático, por citar solo unos pocos, provendrán de las propias ciudades. La Agenda Urbana está precisamente concebida para empoderar a las ciudades y hacer que se oigan sus voces.»
La nueva convocatoria, con un presupuesto de 50 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), recompensará los proyectos más innovadores en tres categorías, en consonancia con las prioridades de la Agenda Urbana para la UE: la integración de los inmigrantes, la movilidad urbana y la economía circular. La convocatoria estará abierta desde hoy hasta mediados de abril de 2017.
Información general
El Pacto de Ámsterdam (30 de mayo de 2016) y las Conclusiones del Consejo (24 de junio de 2016) pusieron en marcha la Agenda Urbana para la UE y establecieron sus principios fundamentales.
En el corazón de la Agenda Urbana, doce asociaciones permiten que las ciudades, los Estados miembros, las instituciones de la UE, las ONG y los socios comerciales trabajen juntos en pie de igualdad para mejorar la calidad de vida en las zonas urbanas. Ya han iniciado su andadura cuatro asociaciones piloto, sobre la inclusión de los inmigrantes, la calidad del aire, la vivienda y la pobreza urbana.
En consonancia con las prioridades temáticas de la Agenda Urbana, la iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras proporciona recursos a las ciudades de la UE para financiar proyectos innovadores, con una dotación total de 372 millones de euros del FEDER durante el período 2014-2020. En la primera convocatoria se seleccionaron dieciocho proyectos entre 378 candidaturas.
Más información

La UE lidera el camino con acciones mundiales para mejorar la gobernanza de los océanos

Compromisos por más de 6 000 millones de euros de los actores públicos y privados para gestionar mejor nuestros océanos en la conferencia organizada en Malta por la Unión Europea.

En la conferencia «Nuestros Océanos» 2017, la CE ha anunciado más de 550 millones EUR en iniciativas financiadas por la UE para hacer frente a los retos mundiales de los océanos.
Los compromisos de la Comisión y otros actores públicos y privados de 112 países de todo el mundo que se han anunciado superan los 6 000 millones de euros. Se emplearán recursos para reforzar la lucha contra la contaminación marina y ampliar las zonas protegidas, reforzar la seguridad de los océanos, promover las iniciativas de la economía azul y de la pesca sostenible e intensificar los esfuerzos de la UE contra el cambio climático, en consonancia con el Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Los participantes anunciaron también la creación de nuevas zonas marinas protegidas, con una superficie de más de 2,5 millones de km², lo que equivale a más de la mitad de toda la Unión Europea.
La conferencia «Nuestro Océano» ha reunido a actores públicos y privados de los seis continentes, que están comprometidos colectivamente por la causa de una mejor gobernanza y un uso sostenible de los océanos. Los compromisos de la UE van mucho más allá de su región geográfica, e implican promover la utilización sostenible de los océanos en todo el mundo, con especial atención a los países en desarrollo.
Por primera vez, la conferencia ha concentrado importantes compromisos del sector privado, con empresas como Airbus, Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, Carrefour, Royal Caribbean Cruises, AXA, Sky y otras.

Los compromisos serán objeto de seguimiento y de un informe en la próxima conferencia «Nuestro Océano», que se celebrará en Indonesia en 2018.

martes, 10 de octubre de 2017

CV EUROPASS HISTÓRICO

Os remitimos una interesante iniciativa para impulsar el conocimiento del CV Europass entre los estudiantes de 14 a 18 años. Tenéis hasta el 10 de noviembre para participar en el CV Europass-Histórico que consiste en elaborar el CV Europass de un personaje histórico. Los ganadores participarán en la Infoday Europass en Madrid. 


http://sepie.es/doc/europass/CV_Europass_Historico.pdf


jueves, 5 de octubre de 2017

La UE obliga a Amazon a pagar 250 millones en impuestos eludidos

Las grandes empresas tecnológicas extranjeras que operan en Europa lo hacen normalmente pagando muy pocos impuestos. Mediante ingeniería fiscal, algunas empresas como Apple no pagan por sus ventas reales en los países donde operan, que suelen ser paraísos fiscales o países con condiciones fiscales muy favorables. Amazon, que opera desde Luxemburgo, ha sido obligada por parte de la UE a pagar 250 millones de euros.

La UE confirma la multa de 250 millones de euros a Amazon

Así lo ha anunciado la Comisión Europea después de unos cuantos días de rumores sobre cuál iba a ser la cifra final. La condena de la UE obliga a la compañía a pagar esa cantidad de 250 millones de euros por haber obtenido beneficios fiscales ilegales. Así, la empresa habría pagado menos impuestos que otras. La investigación a Amazon se abrió en octubre de 2014.
Además de a Amazon, la UE recrimina a Luxemburgo por ofrecer estos beneficios ilegales a Amazon, de una manera similar a lo que hace Irlanda con Apple, por lo cual los de Cupertino se vieron obligados a pagar 13.000 millones de euros en impuestos eludidos, los cuales están todavía pendientes de ser pagados. La UE ha afirmado que “un Estado miembro no puede dar beneficios fiscales de manera selectiva a grandes multinacionales que no están disponibles para otras empresas que operan también en ese país”, según ha afirmado Margrethe Vestager.
Amazon, por su parte, ha negado haber recibido un trato favorable por parte de Luxemburgo, y ha anunciado que recurrirá la decisión de la Comisión Europea.

Además, la UE llevará a los tribunales a Irlanda por no haberle cobrado ya a Apple los impuestos atrasados

También la UE ha anunciado una segunda medida con respecto a Apple para que sirva como advertencia para Luxemburgo. Así, han decidido llevar a Irlanda a los tribunales por resistirse a acatar la sentencia que le obligaba a recaudar los 13.000 millones de euros de impuestos atrasados de Apple. La excusa para no recaudar esos impuestos se basa en que “están calculando la cantidad exacta que tienen que exigir a la compañía”, y que no podrán determinar hasta marzo de 2018.